Gastronomía del mundo moderno en donde el cuchillo no conoce a su dueño

19/5/11

GASTRONOMIA COSTA RICA PAGO DE PROPINAS LEGALES

Un reciente informe de los restaurantes de Costa Rica saco a la luz datos en donde se revela que los propietarios del 45% de los restaurantes se queda con el diez porciento de la propina legal.

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Un análisis económico presentado este jueves por la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (Cacore) indica que un 41,5% de los negocios se verán obligados a reducir sus planillas , de seguir vigente la decisión de la Sala IV que obliga a que el 10% de servicio se considere salario.

Este porcentaje se traduce en una pérdida estimada de 12.000 empleos directos y 3.300 indirectos .

En marzo de 2010 la Sala Constitucional ratificó una sentencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia que señala el 10% de servicio, y la propina, como un componente más del salario de los trabajadores gastronómicos (saloneros).

Además, el estudio advierte sobre un aumento en los precios del 7% y 9% .

Manuel Burgos, presidente de Cacore, explicó que si se da un aumento en los precios, menos consumidores podrán o estarán dispuestos a pagar el sobreprecio de los restaurantes y con ello también se generaría un aumento en la inflación y disminuiría la competitividad del sector.

Por otra parte, empresarios gastronómicos, hoteleros y comerciantes solicitaron a las autoridades de Gobierno que el impuesto de servicio retorne al modelo existente y se de la promulgación de una nueva ley de propinas en la que quede claramente establecido que la propina no es salario.

La Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (Cacore), la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), la Cámara Costarricense de Hoteles y la Cámara de Comercio, forman parte de las organizaciones que solicitaron la medida.

“ El 10% de servicio no debería estar sujeto a las rebajos de ley , principalmente por dos razones: primero, no forma parte del salario convenido entre el patrono y el colaborador y segundo, lo cancela directamente un tercero ajeno a la relación laboral, no el patrono” justificó Burgos.

El sector argumentó que con la interpretación de la Sala Constitucional, los patronos se ven obligados a pagar de sus utilidades las deducciones de ley por este dinero que el trabajador recibe directamente de un tercero, poniendo en riesgo no solo la inversión y empleo de la industria gastronómica sino también de otros sectores asociados, como el turismo y proveedores.

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